La vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios en el Congreso del Estado diputada Lucila Nava Piña, reconoció que para el próximo ejercicio presupuestal del Gobierno del Estado, se deberán fortalecer los rubros de apoyos en favor de los connacionales que sean repatriados de los Estados Unidos.

Dijo que es una obligación irrestricta atender las necesidades de este sector que por algunas circunstancias buscaban mejores oportunidades de vida en el vecino país del norte.

La legisladora destacó que el Congreso del Estado, ha hecho su parte al expedir recientemente la nueva Ley de Atención y Apoyo a Migrantes del Estado de San Luis Potosí, la cual atiende lo contenido en nuestra Carta Magna en esta materia, y cuyo objetivo es establecer los ejes rectores de la política estatal migratoria y la estructura orgánica del Instituto de Migración y Enlace Internacional del Estado y sus funciones.

Destacó que esta ley incorpora una visión más amplia en cuanto a la protección de los derechos humanos de los migrantes, principalmente de los grupos más vulnerables, para hacer más efectivo el derecho a la salud de las mujeres embarazadas, los adultos mayores y las personas con discapacidad, mediante su visualización en el texto de la nueva legislación, ya que atender la problemática que se presenta en el estado debido al aumento del flujo migratorio, es una obligación legislativa.

La diputada Lucila Nava, dijo que ahora le corresponderá al Ejecutivo, implementar una serie de medidas y acciones que permitan atender a las personas que han sido deportadas de los Estados Unidos y para ello, se requiere de que se cuenten con un mayor presupuesto que garantice la entrega de becas educativas, apoyo para proyectos productivos y subsidios para apoyo al campo.

Reconoció que la migración es un fenómeno social que acontece en todas las comunidades, sin embargo, en nuestro país este fenómeno es considerado un factor de especial trascendencia, motivado por un importante flujo migratorio que se ha venido dando desde el siglo pasado.

Por último, reiteró, que la aplicación de la ley corresponde al Ejecutivo del Estado, por conducto de las dependencias estatales, y a los Gobiernos de los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias.