Por mayoría, el pleno del Congreso del Estado aprobó el Decreto que modifica diversas disposiciones de las leyes Electoral del Estado y de Justicia Electoral para el Estado de San Luis Potosí, para armonizar las leyes secundarias con las reformas constitucionales y legales, aplicables al Poder Judicial del Estado, con el propósito de procurar coherencia y uniformidad en dichas disposiciones.

El diputado Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales, explicó que con estas armonizaciones, se contará con el sistema de elección directa de los jueces, juezas, magistrados y magistradas del Estado, bajo el principio de legitimidad democrática y rendición de cuentas.

Se establece que las personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado, serán los magistrados, magistradas del Supremo Tribunal de Justicia, el magistrado o magistrada del Tribunal Unitario de Disciplina Judicial y los jueces y juezas de primera instancia del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí.

Las elecciones de personas juzgadoras tendrán verificativo el primer domingo de junio de cada seis años para el cargo de magistrado o magistrada del Tribunal Unitario de Disciplina Judicial, de cada nueve años para el cargo de jueces y juezas de primera instancia y de cada doce años para el cargo de magistrados y magistradas del Supremo Tribunal de Justicia.

Los jueces y juezas de primera instancia durarán nueve años y podrán ser reelectos de manera consecutiva por una única ocasión, la persona magistrada del Tribunal Unitario de Disciplina Judicial durará en el ejercicio de su encargo seis años sin posibilidad de reelección, y los magistrados y magistradas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, durarán en el ejercicio de su encargo doce años sin posibilidad de reelección

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, será la autoridad responsable de la organización del proceso electivo, su jornada electoral y los cómputos de los resultados electorales del proceso de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado.

Además, establece la creación de un Comité de Evaluación que será el encargado de emitir la convocatoria dirigida a profesionales del derecho en el Estado de San Luis Potosí, interesados en participar en la evaluación y selección de postulaciones para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado y deberá señalar los cargos a elegir, requisitos, documentos para acreditarlos y el ámbito territorial que corresponda y fechas de cumplimiento, debiendo dar amplia difusión en todo el Estado.

Se indica que con las armonizaciones al marco electoral estatal, se fortalecerá el Estado de Derecho y la independencia judicial, aumentando la credibilidad del sistema judicial ante la ciudadanía potosina, y al ser las personas juzgadoras emanadas y electas por voto directo, aumentará la imparcialidad y transparencia, lo cual, busca combatir la corrupción, haciendo más accesible la impartición de justicia.

Con estas adecuaciones los ordenamientos estatales, se  pretende reorganizar el sistema judicial, para que verdaderamente exista independencia judicial, y armonizar la Ley Electoral del Estado respecto a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Constitución General, para que las personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado, sean las que resulten de un proceso de elección por voto directo, siendo el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la autoridad responsable de la organización de dicho proceso electivo.

Se indica que con esta reforma se brindará una verdadera independencia y autonomía del Poder Judicial, a través de un proceso de elección más transparente y cercano, a las y los justiciables.

Este proceso electivo de personas juzgadoras, brindará un acercamiento con la ciudadanía, contribuirá al aumento en la participación ciudadana y a su involucramiento en el sistema judicial, pues implica que todos los Poderes del Estado asuman responsabilidad frente a las y los ciudadanos, que todos sean sometidos a la rendición de cuentas y evaluación de su ética e integridad, lo que al final traerá como resultado mayor confianza en las decisiones judiciales.