En sesión de trabajo, los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXII Legislatura, aprobaron atender las observaciones de veto presentadas por el Poder Ejecutivo, para dejar sin efecto el decreto que fue aprobado por la anterior Legislatura para regular los llamados viajes compartidos, conocidos como “raids”.

El Gobierno del Estado presentó observaciones al decreto por el que se reformó el artículo tercero en sus fracciones XI y XII y adicionó al mismo artículo la fracción XII de la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí. La anterior Legislatura, buscó regular esta figura que se utiliza principalmente en la zona media y huasteca, con el fin de ahorrar costos en los traslados, sobre todo a la capital potosina, sin tomar en cuenta que esto permitiría abrir la puerta al pirataje.

En la reunión de trabajo, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes estuvieron la presidenta de esta Comisión diputada Alejandra Valdes Martínez, el vicepresidente diputado Rolando Hervert Lara, el secretario diputado Martín Juárez Córdova y vocal el diputado Mario Lárraga Martínez.

Los legisladores atendieron la notificación del Gobierno del Estado, donde se estableció que “la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí, es de orden público e interés social y tiene como objeto, regular la prestación del servicio de transporte público y los servicios auxiliares del mismo en el Estado, y establece las bases para la protección y la seguridad de la población en la materia”.

Además, se argumentó que “cualquier adición que se pretenda hacer al cuerpo de dicha Ley, debe ser acorde con su objetivo, el cual consiste en regular mediante procedimientos preestablecidos la prestación del servicio de transporte público. De incorporarse la adición que se propone, se vulneraria el objeto regulatorio de la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí, que corresponde a la prestación del servicio de transporte público y los servicios auxiliares del mismo en el Estado, además establecer las bases para la protección y la seguridad de la población en la materia”.

Posteriormente se aclara que la adición de la fracción XIII, del artículo tercero de la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí, se contrapone a la regulación de la prestación del servicio de transporte de pasajeros en esta entidad federativa, pues éste sistema opera bajo previa autorización del Ejecutivo del Estado, en las modalidades establecidas en los artículos 21 y 71 Bis a la 71 Octies de la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí.

También se advierte que “el incorporar en los conceptos de movilidad establecidos por el artículo tercero de la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí, el derecho a garantizar el uso del automóvil compartido con la finalidad de transportarse y desplazarse libremente de un lugar a otro dentro del territorio potosino, con el objeto de reducir gastos sin fines de lucro con ello disminuir el impacto ambiental posible”.

Además se aclara que “los artículos 71 Bis a 71 octies de la Ley de Transporte Público para el Estado de San Luis Potosí, ya garantiza el derecho para que los particulares presten el servicio de transporte de pasajeros a través de las empresas de redes de transporte, previo registro ante la Secretaria de Comunicaciones y Transportes”.

El ejecutivo, también destaca que finalmente, en el sistema de transporte de pasajeros aplica el cobro de tarifas como contraprestación por la prestación de un servicio. “Por lo tanto, resulta contradictorio que en la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí, se establezca que los particulares puedan prestar servicio de transporte y desplazarse libremente en vehículos compartidos a dentro del territorio potosino, con el objeto de reducir gastos sin fines de lucro”.

“Sin embargo, la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí, no se regula al servicio de transporte sin fines de lucro, por lo que la reforma que se propone, como se estableció, previamente, contraviene el orden público, pues versa sobre temas que no son materia de los servicios de transporte de pasajeros, ya sean concesionados, permisionados o autorizados; en tal virtud, no se considera viable esta reforma a la Ley, toda vez que no establece el mecanismo idóneo para que el Estado garantice el derecho previsto, ya que es materia de libertad de tránsito”.