Las y los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales aprobaron por mayoría la convocatoria al Poder Ejecutivo del Estado, al Poder Judicial y al Poder Legislativo, para que integren e instalen sus respectivos Comités de Evaluación, para que a través de ellos, llamen y convoquen a profesionales del derecho del pueblo de San Luis Potosí a participar en la elección de las personas que ocuparán la totalidad de los cargos de personas Magistradas, personas Magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial y personas Juzgadoras de Primera Instancia, todos del Poder Judicial del Estado.

El presidente de la comisión diputado Carlos Artemio Arreola Mallol informó que a más tardar el miércoles 8 de enero, el Pleno del Congreso del Estado deberá avalar la convocatoria en periodo extraordinario de sesiones; la integración de los Comités y su funcionamiento no tendrá ningún costo al erario, serán honoríficos y temporales, ya que sus oficinas y material de trabajo los proveerá cada uno de los Poderes, además de que el periodo de actividades será muy corto.

Destacó que, el Congreso del Estado es parte de la historia política de San Luis Potosí con este proceso innovador de una reconstitución completa del Poder Judicial a través de un nuevo método democrático. “Este sería el primer paso después de que ya el Consejo Estatal Electoral dio inicio al proceso electoral el día 2 de enero y a partir de ahí, y de que el Consejo de la Judicatura nos notifica al Congreso del Estado la integración de quienes estarán sometidos a la votación, tenemos cinco días para emitir esta convocatoria”.

Los integrantes de los Comités deberán ser personas expertas en derecho, profesionistas con una trayectoria y honorabilidad probada que en el caso del Ejecutivo serán designados por el Gobernador, deben ser tres, en el caso del Legislativo por el Pleno del Congreso del Estado a propuesta de la Junta de Coordinación Política y en el caso del Poder Judicial, por el Pleno del Consejo de la Judicatura a través de los mecanismos que cada uno tiene.

“El pueblo de San Luis Potosí tiene que saber que este año 2025, el primero de junio, vamos a elegir a todas nuestras autoridades judiciales tanto federales como locales y tenemos que salir a participar el primero de junio y se hará un llamado a todas las abogadas, abogados, expertos en derecho, juristas que quieran participar con conciencia social, que sean cercanos a la gente y que sean expertos en sus materias para integrar el Poder Judicial. Es momento de participar en las convocatorias, ya pronto estos comités de evaluación emitirán la convocatoria abierta a la ciudadanía para integrarse”.

Se va a elegir la totalidad de las personas Magistradas del Supremo Tribunal de Justicia; las personas Magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial y la totalidad de las personas Juzgadoras de Primera Instancia, que en total son 87; las personas magistradas y las integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial serán electas en todo el estado, mientras que las personas juzgadoras de primera instancia, serán electas por Distrito Judicial, conforme a lo señalado en las leyes y por las autoridades electorales competentes.

La convocatoria establece los requisitos y la documentación para acreditarlos; las personas juzgadoras que se encuentran en funciones, serán incorporadas automáticamente y sin necesidad de integrar expediente, a los listados de las candidaturas del Comité de Evaluación del Poder Judicial del Estado que se remitan a través del Congreso al Consejo de Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para participar en la elección extraordinaria, salvo que manifiesten la declinación de su candidatura, previo al cierre de la convocatoria. En caso de no presentar su manifestación de declinación, se entenderá por aceptada la candidatura.

Entre los plazos a cumplir destacan: el Poder Ejecutivo del Estado, a través del Gobernador; el Poder Judicial del Estado, a través del Consejo de la Judicatura, y el Poder Legislativo del Estado, a propuesta de la Junta de Coordinación Política y por aprobación del Pleno del Congreso del Estado, designarán a tres personas especialistas en el tema, para integrar e instalar cada uno de los Comités de Evaluación que les corresponda, los cuales deberán contar con un Secretario Técnico y de Actas; a más tardar el 13 de enero de 2025.

Los Comités de Evaluación del Poder Ejecutivo del Estado; el Poder Judicial del Estado, y el Poder Legislativo del Estado, deberán emitir sus reglas de funcionamiento, dentro del periodo comprendido del 14 al 18 de enero de 2025; los Comités de Evaluación de los tres Poderes Constitucionales del Estado, emitirán y publicarán en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis”, en los periódicos de mayor circulación en las cuatro regiones del Estado, dentro de los tiempos oficiales de radio y televisión y en el micrositio que se cree dentro de sus páginas institucionales de internet, las convocatorias públicas dirigidas a personas profesionales del derecho del pueblo de San Luis Potosí que estén interesadas para participar en el proceso de evaluación y selección de postulaciones, dentro del periodo comprendido del 19 al 23 de enero de 2025.

El plazo para que las personas interesadas se inscriban en las convocatorias emitidas por los Comités de Evaluación de los tres Poderes Constitucionales del Estado, comprenderá del 24 de enero al 02 de febrero de 2025. Si alguna de las personas interesadas pretende inscribirse fuera de los plazos establecidos, los Comités de Evaluación le negarán legalmente su solicitud. Los Comités de Evaluación recibirán y verificarán que las personas aspirantes que hayan concurrido a su Convocatoria reúnan los requisitos constitucionales de elegibilidad a través de la documentación que presenten, mismos que serán públicos conforme a las Reglas de Funcionamiento de cada Comité de Evaluación, además de revisar de forma exhaustiva la idoneidad de las personas participantes para cada cargo. 

Derivado de dicha revisión, los Comités de Evaluación en lo particular deberán integrar su listado de acuerdo con la estructura judicial que les fue notificada por parte del Congreso del Estado. El Comité de Evaluación de cada uno de los poderes constitucionales integrará un listado de las 10 personas mejor evaluadas para cada cargo a elegir mediante voto ciudadano, asegurando siempre la paridad de género en su conformación. Posteriormente, cada Comité de Evaluación depurará dicho listado mediante insaculación pública para ajustarlo al número de dos postulantes para cada cargo, observando la paridad de género en su conformación, atendiendo a su especialidad por materia; del periodo comprendido del 03 al 12 de febrero de 2025.

Los Comités de Evaluación publicarán los resultados en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis”, y en los periódicos de mayor circulación en el Estado, así en los medios que determine cada Comité de Evaluación conforme a sus Reglas de Funcionamiento y los remitirán a la autoridad que represente a cada Poder de la Entidad al día siguiente de haber concluido el proceso señalado en el punto anterior. Recibidos los resultados que envíen los Comités de Evaluación respectivos, el Poder Ejecutivo del Estado; el Poder Judicial del Estado, y el Poder Legislativo del Estado, respectivamente, llevarán a cabo la aprobación de los mismos, a más tardar el 18 de febrero de 2025.

Una vez aprobados los listados finales, quienes representen al Poder Ejecutivo del Estado y al Poder Judicial del Estado, los remitirán al Congreso del Estado para que, junto con el listado del Poder Legislativo del Estado, éste último, por conducto de quien legalmente  represente al Congreso del Estado, remita los listados de los tres Poderes y al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a más tardar el 18 de febrero de 2025, para que éste prosiga con los actos necesarios para la elección ciudadana correspondiente.

En el transitorio cuarto, se insta a todas las autoridades estatales y municipales para que, en el ámbito de sus competencias, cuiden que durante el proceso de campaña de las personas candidatas a los diversos cargos, transcurran con seguridad y sin interferencias de cualquier institución pública en los tres ámbitos de gobierno, partidos políticos o agentes, puedan interferir y afectar la imparcialidad, equidad de la contienda y el ejercicio de los derechos político-electorales de las personas candidatas.