Al comparecer ante el Poder Legislativo como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, el Fiscal General del Estado de San Luis Potosí, Federico Arturo Garza Herrera, se comprometió formalmente con los legisladores a que “si ustedes nos apoyan con plazas y recursos para cumplir mejor nuestra labor, nosotros ofrecemos también resultados positivos en la encomienda que tenemos, todos somos responsables y habremos de hacer nuestro esfuerzo, pero sí queremos contar con el apoyo de esta Soberanía”.

Aseguró que la premisa mayor es que no haya impunidad. “Nosotros tenemos que hacer todo lo concerniente para el delincuente no quede impune, para que el delito no quede impune, al contrario, que al delincuente se le sancione, que al delincuente se le ponga en el lugar en donde debe estar”.

Expuso que necesitan generar plazas para la Fiscalía General del Estado porque cuando era gobernador Fernando Silva Nieto el estado de fuerza de la policía ministerial era cuando menos dos veces de lo que tienen ahorita, sin embargo, “en el tiempo decreció, sí necesitamos el apoyo y habremos de venir puntualmente y decir cuántas plazas se necesitan, necesitamos plazas de peritos, porque ahora son la base preponderamente del nuevo sistema penal”.

El funcionario también se comprometió, al igual de que los diputados, en trabajar de manera coordinada para lograr un presupuesto acorde a las necesidades de la Fiscalía General del Estado, así como una Ley Orgánica de la dependencia de vanguardia, que permita el transito y resolver los grandes problemas que se tienen, “Con la Ley Orgánica (de lo que era la Procuraduría General de Justicia del Estado) lejos de ayudar a la gobernabilidad, en algunos casos atenta contra esa premisa y considero que pudiéramos transitar correctamente con una Ley Orgánica de vanguardia porque resolvería en mucho esa circunstancia”.

A preguna expresa de los diputados Garza Herrera indicó que, en relación al personal que se encuentra sujeto a proceso, de algunas policías o entidades ajenas a la Procuraduría hay 96 denuncias en contra; de policías y órganos de la procuraduría son 101 personas; hay 7 denuncias que ha hecho la comisión de derechos humanos; respecto de otras instancias hay 40 denuncias, “pero hay denuncias formales en contra de agentes del Ministerio Público que están abiertas y que una vez que se pronuncien los agentes del Ministerio Público y también el área interna de la institución respecto a que si existen o no elementos suficientes que puedan presumir hechos con apariencia de delito se estará actuando en contra de ellos. Sí puedo señalar que en fecha reciente tuvimos que actuar en contra de comandantes de la Policía Ministerial del Estado, hay seis comandantes, están siendo sujetos a proceso que están llevando su caso y se encuentran recluidos en centro penitenciario”.

Señaló que falta socializar el nuevo sistema penal porque ha habido capacitación para funcionarios, pero no para informarle a la ciudadanía en qué consiste. En el sistema anterior la base preponderante era los Ministerios Públicos y ahora son los peritos. Además, antes el delincuente permanecía en la cárcel y ahora hay medios que favorecen la mediación.

Garza Herrera también invitó a la ciudadanía a que participe en este nuevo sistema penal y presente las denuncias correspondientes en relación a un delito, ya que ahora es menor el tiempo, 30 minutos, para recibirlas, antes eran hasta tres horas.

El funcionario también detalló las acciones que se realizan en torno a los feminicidios, a la llamada “ecuación corrupta”, a las 100 cabeza de ganado que se robaron en la Huasteca Potosina, y Al proceso de transición de lo fue la Procuraduría a Fiscalía General del Estado.

En su exposición, el Fiscal General del Estado señaló que de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015- 2016 y 2017 del INEGI, se advierte una mejora significativa en procuración de justicia; nos ubican con un avance de más del 12% desde el inicio de nuestra gestión al frente de la Procuraduría al pasar del 43.7% al 55.9% en la confianza que los ciudadanos del Estado de San Luis Potosí, depositan al realizar más denuncias, permitiendo con ello la disminución de la denominada cifra negra y con ello se sientan las bases y se genera una senda en el abatimiento de la impunidad; lastre que tanto daña al progreso y desarrollo en nuestro Entidad.

Aclaró que el recuento de las acciones no pretende ser un glosario de vanidades, por el contrario, “deseo refrendar mi compromiso para quienes queremos un San Luis más próspero y más comprometido, para seguir enfrentando el reto de construir mejores plataformas y acciones para combatir la inseguridad pública y la impunidad, con el propósito fundamental de continuar en el camino ascendente con convicción y temple hacia el desarrollo de nuestra tierra y así alcanzar el crecimiento que los potosinos queremos, como la ha señalado el Gobernador Juan Manuel Carrera López”.

Indicó que los principales logros de octubre 2016 a agosto 2017 son que se desarticulación 15 bandas delictivas, que operaban en la Zona Metropolitana, Zona Altiplano y Zona Huasteca Norte. Se detuvieron a 1,450 personas, de los cuales 340 fueron detenidos por delitos de alto impacto. Se liberaron a 10 víctimas de secuestro.

En los últimos dos años, se desarticularon 34 bandas delictivas que operaban principalmente en la zona metropolitana, altiplano y la zona noreste, se detuvieron a 2 mil 833 personas, de las cuales 590 estaban relacionadas con delitos de alto impacto, y se liberaron a 24 víctimas de secuestro.

Se creó la Unidad para la Atención de Personas Desaparecidas. Se han obtenido sentencias condenatorias en un 75% de las Carpetas de Investigación Judicializadas. Se modernizaron las Unidades de Atención Temprana en los municipios de Ciudad Valles y Tamazunchale.

La atención a más de 140 mil ciudadanos en la capital Potosina que realizan algún trámite en la Procuraduría General de Justicia. Se llevó a cabo la elaboración del «Protocolo Alba», armonizado con las legislaciones Federales y Locales.

Del Sistema de Justicia Penal se implementó la Unidad de Análisis y Resolución Temprana. Se llevó a cabo en el Estado la Primera Sesión Ordinaria 2017 de la Conferencia de Procuración de Justicia de las Zonas Noreste y Noroeste. Se ha fortalecido el Intercambio Binacional con Procuradores y Fiscales Generales de Justicia de Estados Unidos y México, dentro de la Alianza Estatal de la CWAG. Asimismo, se crearon vínculos de cooperación con los Procuradores y Fiscales de la República Mexicana, dentro del marco de las Conferencias de Procuración de Justicia, celebradas en las ciudades de Campeche, Ciudad de México, Monterrey y San Luis Potosí.

Se firmó el convenio de Concertación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas a través de la Asesoría Jurídica Federal. Se implementaron las mesas de trabajo sobre estrategias de fortalecimiento en la búsqueda de personas desparecidas, en coordinación con la Fiscalía Especializada de la PGR y con la participación de organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja en México. Se instauro el Comité Interinstitucional contra el Delito de Abigeato, con representantes de la Policía Federal, SEDENA, Policía Estatal, Policía Ministerial del Estado, COEPRIS, SAGARPA, SEDARH y Asociaciones Ganaderas. Hubo una reunión de trabajo del Titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la PGR, con personal de la Unidad de Atención Temprana, Investigación y Litigación. Y se firmó del Acta de Instalación de la Red Nacional de Información Criminal entre la PGR y la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Respecto a la erradicación de la corrupción e impunidad, dijo que se cuenta con tres Agencias del Ministerios Público contra servidores públicos. De octubre de 2016 a agosto 2017, se han iniciado: 34 Visitas Extraordinarias a las Agencias de Ministerio Público en diferentes zonas del Estado, 26 de ellas correspondientes a los Ministerios Públicos Investigadores y 8 a Ministerios Públicos adscritos a los juzgados, dando como resultados el inicio de 2 procedimientos administrativos por parte de la Contraloría Interna; entre otras acciones.

A Garza Herrera lo cuestionaron los legisladores José Luis Romero Calzada, Jorge Luis Miranda Torres, Esther Angélica Martínez Cárdenas, Oscar Carlos Vera Fábregat, Xitlálic Sánchez Servín y José Ricardo García Melo, entre otros.