Para elevar a rango de Secretaría, el actual Instituto de las Mujeres del Estado, la legisladora Josefina Salazar Báez presentó en sesión ordinaria una iniciativa de reforma a diversa legislación estatal.

De esta manera, se crearía la Secretaría de la Mujer, y por tanto, su titular forme parte del Gabinete legal del Poder Ejecutivo de Estado, con todas las implicaciones administrativas y jurídicas que ello conlleva.

Propone que la Secretaría de la Mujer tenga atribuciones para diseñar y coordinar la política estatal en la materia, ya que actualmente sólo tiene atribución solo para proponerla: contaría con unidades administrativas desconcentradas que el Gobernador del Estado disponga por decreto; podrá planear y conducir sus actividades con sujeción a las disposiciones del Plan Estatal de Desarrollo, así como a las políticas y a los lineamientos que el Gobernador del Estado determine, actuando en mayor cercanía a la planeación estatal en materia social y presupuestal.

También formulará los anteproyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos administrativos cuya materia corresponda a sus atribuciones a través del Ejecutivo; mientras que en la actualidad el instituto solo puede promover, y en algunos casos proponer, esos instrumentos legislativos y administrativos.

Además, estaría en capacidad de aplicar sanciones en los términos de las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales en materia de su competencia; y, tendría atribuciones para proponer, y celebrar, previo acuerdo, la realización de convenios con la Federación, los Ayuntamientos y los sectores social y privado en el ámbito de su competencia, y vigilarían su ejecución y cumplimiento.

Legislativamente, la nueva Secretaría de las Mujeres tendría bajo su ámbito la rectoría de las políticas públicas dirigidas a las mujeres pero ahora con mayores instrumentos jurídicos para poder actuar verdaderamente de forma transversal. Con esta reforma, San Luis Potosí se uniría a otros Estados que ya cuentan con Secretaria de la Mujer, como Guerrero, Coahuila, Chiapas, Oaxaca y Zacatecas; donde estas dependencias han producido resultados muy favorables para las mujeres.

La legisladora hizo hincapié en que en febrero de este año, se cumplió el décimo aniversario de la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y su similar a nivel estatal, un hecho que marco un parte aguas en el reconocimiento del Estado mexicano y sus instituciones, a las problemáticas que enfrentan las mujeres mexicanas en materia de igualdad, derechos y violencia.

“La violencia contra las mujeres continúa ocurriendo tanto en el ámbito privado como en el público de nuestro estado, situación que también se ha incrementado en su fase más extrema al elevarse la incidencia de feminicidios en la entidad, llegando a la necesidad de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo una solicitud de Declaratoria de Alerta de Género a la Secretaría de Gobernación sin obtener resultados hasta la fecha”; resaltó.

Esta iniciativa fue turnada para su análisis a las comisiones de Puntos Constitucionales; y, Derechos Humanos, Equidad y Género.