A propuesta del diputado Rubén Guajardo Barrera, el pleno del Congreso del Estado aprobó el Punto de Acuerdo para exhortar de manera respetuosa al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que, ante las distintas informaciones públicas que han dado a conocer un cambio radical en los mecanismos de distribución de medicamentos en las instituciones de salud pública, se dé a conocer la información referente a los aspectos logísticos que se pretenden aplicar y el tiempo de implementación, así como las partidas presupuestarias destinadas a ello, su monto, aplicación y origen.

Lo anterior, en aras de proveer de certeza a esta política que debe garantizar la suficiencia y oportunidad de los medicamentos, para garantizar su prestación como un derecho a la salud de los mexicanos

En su exposición de motivos, el diputado señala que el sector salud ha enfrentado diferentes alteraciones presupuestales durante la actual administración federal; según el primer informe trimestral de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el presupuesto para el sector salud se redujo en aproximadamente 30 mil 804 millones de pesos, que es el 50% del recorte total previsto a todas las dependencias.

Además de lo anterior, se produjo el caso de la retención de recursos por 2 mil 464 millones de pesos, causando graves problemas, sobre todo a hospitales de especialidad. Los recursos ya fueron liberados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tras una petición de los directores de los centros de salud a la Cámara de Diputados.

Con respecto a la obtención de medicamentos, como es del conocimiento público, su provisión se vio afectada en fechas recientes; y, partir de la emisión de un Decreto Ejecutivo, en las reglas de la licitación para la compra de medicamentos destinada a surtir el segundo semestre de este año bajo los nuevos términos, los proveedores realizarán la entrega de medicamentos directamente en almacenes, para que el sector salud se ocupe de las labores de distribución a todo el país.

Este cambio en el esquema busca abatir la corrupción, que se argumenta ocurría al dejar las tareas de distribución en manos de los proveedores, si bien se trata de una medida para aumentar la eficiencia, vale la pena señalar varios elementos.

En nuestro país, la NOM-059-SSA1-2015, regula el transporte de medicamentos y establece que los vehículos utilizados para ese fin, deben estar construidos con materiales resistentes a la corrosión, deben contar con una área impermeable, no deben tener ningún material tóxicos, y deben contar con refrigeración ya que se tiene que observar la “cadena de frío”, es decir que durante el traslado, el medicamento no debe someterse a cambios de temperatura, o en muchos casos, perderá sus propiedades y con ello sus efectos terapéuticos.

El volumen de medicamentos, requeriría una enorme cantidad de vehículos disponibles y en buen estado, que reunieran esas características específicas; sin contar con que, para mayor seguridad, lo ideal sería implementar un sistema de trazabilidad que permitiera vigilar los transportes y la cadena de frío.

Además de lo anterior, otra necesidad es el almacenamiento de las medicinas, ya que tienen que cumplir con los requisitos que marca la NOM referida, de manera similar al transporte, como el aislamiento, el control por lotes y el control de temperatura, que puede variar para diferentes tipos de medicamentos.

Al hacerse cargo de estas operaciones, la cantidad de medicamentos que se tendría que almacenar y distribuir al mes, sería aproximadamente de 166 millones de piezas a partir del próximo semestre. En la actualidad, es conocido que el almacén especializado del sector público más grande es el del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que cuenta con 100 vehículos con las especificaciones requeridas, y tiene 25 mil metros cuadrados, aun así, se calcula que su capacidad de distribución es de 20 millones de piezas al mes, por lo que se necesitaría varias veces esas mismas capacidades.

Por ello, señala el legislador, “a partir de la información que se conoce, es factible concluir que el sector salud del país no cuenta con la infraestructura necesaria para su nueva tarea, que está por comenzar y en la que un mal desempeño significaría graves problemas para los centros médicos públicos, y afectaciones de gran alcance para los pacientes”.

Agrega que en el contexto de los cambios proyectados para el sector salud, es del todo necesario, tanto para el conjunto de la administración pública en el país, como para la ciudadanía, poder contar con la información adecuada y detallada sobre cómo se llevará a cabo esta tarea, como si se pretende asignar partidas presupuestales para este fin, y siendo el caso, resultaría necesario conocer su monto, aplicación y origen.

“En lo tocante al aspecto logístico, resulta imperativo conocer cuál es la estrategia que se pretende aplicar, de qué forma, y en cuánto tiempo se podría esperar su aplicación y funcionamiento completo. En conclusión, conocer esta información es de interés público, así como el conocimiento de los riesgos y desafíos para poder cumplir con la distribución y garantizar el derecho a la salud por parte del sector público”.