Con el fin de establecer acciones interinstitucionales para atender y prevenir la violencia contra las mujeres migrantes, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó una iniciativa de reforma al artículo 36 de la Ley de Migración para el Estado de San Luis Potosí.

Con esta modificación, se busca la  realización de acciones  interinstitucionales  coordinadas  entre  el  Instituto  de  las Mujeres del Estado, y  el Instituto de Migración y Enlace Internacional del  Estado, que  permitan atender  el rubro  de  la prevención de  la violencia contra las mujeres migrantes.

Señala en su exposición de motivos, que de acuerdo a la propia Constitución Federal,   todas   las personas   gozan   de   los  derechos   humanos   reconocidos    en  dicha Constitución   y  en  los  tratados   internacionales   de  los  que  el Estado Mexicano  sea parte,  así como de las garantías  para  su protección,  en donde todas  las autoridades,  en el ámbito de sus competencias,  tienen la obligación  de promover,  respetar, proteger y garantizar  los derechos humanos de conformidad con  los  principios  de universalidad, interdependencia,  indivisibilidad  y progresividad.

Por lo tanto, el Estado debe  prevenir, investigar, sancionar y reparar  las  violaciones a los derechos  humanos.

Agrega que de acuerdo con la ONU, la violencia  contra  la mujer impide  alcanzar la plena realización personal, restringe el crecimiento    económico y obstaculiza su desarrollo.  

La  actual   Relatora Especial sobre  la violencia contra la mujer, sus causas  y consecuencias ha señalado  que,  si bien la migración  de  las mujeres como trabajadoras o como miembros de hogares transnacionales les ofrece  la posibilidad  de tener  poder  de decisión   acceso directo a las normas internacionales de derechos humanos, también se han observado las tendencias   opuestas. 

En numerosos países, las mujeres migrantes también se enfrentan a la discriminación por motivos de raza y origen étnico o nacional, a la imposibilidad de obtener servicios sociales o a un limitado acceso a dichos y  a  un  incremento  de  la violencia  doméstica.  Las  mujeres indocumentadas o carentes de la condición  de  inmigrantes legales corren un riesgo aún mayor de violencia y tienen menos posibilidades de obtener protección o reparación.

Esta iniciativa se encuentra en análisis en las comisiones de Asuntos Migratorios; y, Derechos Humanos, Igualdad y Género.