A fin de contar con mayor claridad en el proceso de divorcio incausado, la diputada Lucila Nava Piña presentó una iniciativa de reforma a diversos artículos del Código Familiar de San Luis Potosí, para incorporar el que se establezca un proyecto de convenio para dar admisión a la demanda de divorcio.

 De esta manera, se busca que el cónyuge que promueva el divorcio incausado, deberá acompañar a su escrito inicial de demanda, además de los documentos legales como copias de actas de nacimiento de los hijos, y de matrimonio, la propuesta de convenio con el que se dará vista a la contraparte y al representante del Ministerio Público, el cual tiene como propósito regular las consecuencias jurídicas de la disolución del vínculo matrimonial.

Se propone dar un plazo de tres días para que el cónyuge proponente cumpla con esta disposición, y con las disposiciones legales relacionadas con la protección a los hijos y la forma en que se administrarán los bienes; y en caso de no hacerlo se tendrá por no admitida su demanda.

Este convenio tiene que darse vista al otro cónyuge, para que en el término de tres días conteste la demanda, manifieste su conformidad con el mismo o, en su caso, presente contrapropuesta al mismo convenio Una vez, verificada la legalidad del emplazamiento y demás presupuestos procesales, y transcurrido el plazo para contestar la demanda, el Juez en un término de diez días, decretará la disolución del vínculo matrimonial, resolución que será irrecurrible por lo que tendrá los efectos de una sentencia ejecutoriada.

Los efectos de la sentencia de divorcio será el de disolver únicamente el vínculo matrimonial. En su exposición de motivos, la legisladora manifiesta que dado que en San Luis Potosí, actualmente existe el divorcio incausado, que es de reciente aplicación, es necesario ajustar la norma jurídica, “de tal forma que el objeto de la existencia del divorcio incausado, cumpla sus objetivos, los que lejos de menospreciar la importancia de la institución del matrimonio, establece la posibilidad de que dos personas unidas por el matrimonio, puedan acceder a su disolución de manera tal que, deje de ser una moneda de cambio por lo general para el cónyuge que abusa del estado que le da el matrimonio”. Esta iniciativa fue turnada para su análisis a las comisiones de Justicia; y, Derechos Humanos, Igualdad y Género para su análisis.