El diputado Gerardo Serrano Gaviño se pronunció a favor de que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje opere con los recursos necesarios para responder de manera inmediata al rezago que tiene actualmente atendiendo los asuntos de su competencia, porque entre más se retarde el trámite de éstos, más lacerante es para las arcas del erario público.

Por ello el legislador presentó una iniciativa de reforma a la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de establecer que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, en una autonomía plena, elabore su presupuesto de egresos y lo envíe al Congreso del Estado para que sea contemplado y aprobado dentro del presupuesto de Gobierno del Estado y ello le permita al Tribunal cumplir con el pago de sus gastos operativos, buscando con ello una justicia laboral pronta y expedita para los trabajadores del Estado, así como para las mismas instituciones.

Con esta reforma se establecería que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje es un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, con facultad jurisdiccional para resolver las controversias entre las instituciones públicas del Gobierno del Estado, ayuntamientos, organismos públicos descentralizados y empresas de participación estatal constituidas conforme a la ley, con sus trabajadores, derivados de las relaciones de trabajo y, en su caso, de los conflictos colectivos. Tendrá su residencia en la capital del Estado.

Los gastos que origine el funcionamiento del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje serán cubiertos por el Presupuesto de Egresos anual otorgado. Es competencia del tribunal en pleno elaborar su Presupuesto de Egresos anualmente y remitirlo al Congreso del Estado para su aprobación, entre otras facultades.

En la exposición de motivos de la iniciativa presentada se señala que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, según se establece en la Ley en la materia, es un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propio, sin embargo, el hecho de encontrarse sujeto a la ministración que se contempla en el Presupuesto de Egresos del Estado para su funcionamiento lo priva del objetivo primordial para el que fue creado.

Pues si bien se pudiera entender que es un órgano autónomo, lo cierto es que en la práctica no se cumple esta autonomía, dado que al depender del Presupuesto que le fija el Ejecutivo, no le permite sufragar sus gastos operativos para verdaderamente cumplir con la administración de justicia laboral necesaria en el ámbito de su competencia.

La falta de las instalaciones necesarias para brindar los servicios y el poco personal que existe laborando para el mismo, son factores que influyen en un retardo en la atención de los asuntos laborales que ante ese Tribunal se tramitan. Aunado al hecho de que el depender del presupuesto por parte del Ejecutivo, no se logra advertir plena autonomía en dicho Tribunal; sostiene la iniciativa del legislador Serrano Gaviño, la cual se turnó a las comisiones de Trabajo y Previsión Social; y Hacienda del Estado para su análisis correspondiente.