A propuesta de los 27 diputados que conforman la LXII Legislatura, el pleno del Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo para exhortar a los presidentes municipales con Alerta de Violencia de Género de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale que informen a esta Soberanía sobre las  acciones implementadas derivadas de la Alerta de Violencia de Género.

Presupuesto con que se cuenta para las acciones de atención a la alerta de género por municipio y dependencia estatal u OSC´S; presupuesto ejercido y sus resultados; presupuesto pendiente de ejercer, señalando la forma en que se pretende aplicarlo y el resultado esperado.

Presupuesto federal con que se cuenta; forma en que se ha ejercido y se tiene planeado aplicar para atender la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género.

Situación actual que guardan las muertes violentas de mujeres en cuanto a la procuración de justicia (investigación de delitos); acceso a la justicia y la reparación de los daños ocasionados; así como la atención que se ha brindado a las víctimas indirectas de tan terrible delito.  En similar tenor, pedimos al presidente del Sistema que comparta los informes a CONAVIM (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres) y la ruta de trabajo.

En el punto de acuerdo aprobado se señala que la Secretaría  de  Gobernación  emitió el 21 de junio de 2017 la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los municipios de: San Luis Potosí, Tamazunchale, Ciudad Valles, Tamuín, Soledad de Graciano Sánchez y Matehuala; dicha declaratoria se debió al alto número de feminicidios reportados en el informe especial realizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el que se reportaban asesinatos de mujeres que, en su mayoría, fueron privadas de la vida con armas de fuego en sus hogares, y por personas con las que ya se habían reportado incidentes de violencia.

En esta Declaratoria se dictaron medidas específicas de prevención, de justicia y reparación, así como acciones para visibilizar la violencia de género y emitir un mensaje de cero tolerancia desde el Poder Ejecutivo Estatal. Sin embargo, las acciones que se han emprendido no han resultado efectivas pues en lugar de disminuir, las cifras de muertes violentas de mujeres han aumentado. 

En 2018, según datos de la CEDH, se han registrado 36 casos de muertes violentas de mujeres en el Estado; y según otras fuentes, 49 muertes violentas de mujeres; de las cuales 23 ya han sido clasificadas como feminicidios.

La noche del pasado miércoles 17 de octubre fue asesinada la dentista Erika Muñoz Villaseñor, quien estaba embarazada. No podemos esperar a que esto le pase a alguno de nosotros o de las mujeres de familiares, amigas o conocidas, para levantar la voz y exigir a las autoridades correspondientes se garantice nuestro derecho a una vida libre de violencia, y nuestro derecho a la protección y seguridad que debe brindar el estado, acompañado esto del derecho de acceso a la justicia y reparación integral justa.

Por lo expuesto, quienes suscribimos este punto de acuerdo, manifestamos nuestra indignación por la enorme violencia que atraviesa la entidad.

En tal virtud, exigimos el cumplimiento de las observaciones finales emitidas por el  Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), la Constitución Política, las leyes, General, y Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia Contra la Mujer.

No queremos más homicidios ni más muertes de mujeres en el Estado de San Luis Potosí, pues antes de ser legisladoras y legisladores somos madres, padres, hijas, hermanas, ciudadanas, ciudadanos y, por ende, no somos ajenos al dolor, a la impotencia que embarga a las familias que han visto desaparecer y ver asesinados a sus familiares, esposos, esposas, hijos e hijas, abuelas o abuelos. 

Decimos basta de violencia; basta de falta de seguridad en nuestro entorno; necesitamos ciudades seguras para todas y todos; la violencia debe ser erradicada y su eliminación traer consigo compromisos serios de las autoridades que deben velar por los derechos fundamentales a la vida, libertad e integridad de todos y, en especial, de las mujeres y de las niñas; el  costo de la violencia se traduce en muerte y ésta destruye nuestro tejido social; sostiene el punto de acuerdo aprobado.