La diputada Lidia Nallely Vargas Hernández manifestó que la aprobación de la iniciativa que presentó para establecer que la fase temporal del proceso electoral comience con la primera sesión del Consejo General Electoral, a celebrarse el dos de enero del año de la elección, tiene el objetivo de generar ahorros.

“Es una propuesta que presenté y que afortunadamente fue aprobada por el pleno del Congreso del Estado con la intención de generar un ahorro de hasta 15 millones de pesos según los cálculos realizados, porque se acortan los tiempos de proselitismo y de funcionamiento del organismo electoral”.

Señaló la diputada “el ahorro que se va a lograr no es cualquier cosa y si entre los argumentos se menciona la intención de que Villa de Pozos, en caso de que se convierta en municipio, pueda tener elecciones en 2024, es un tema que no mencioné en la iniciativa, eso ya salió después”.

Aseguró que se trata de un tema que la ciudadanía pidió a través de los diversos foros que se hicieron, “ahorro es ahorro y los tiempos no están para andar gastando los recursos públicos en largos procesos electorales, por eso es muy importante que se haya aprobado esta iniciativa”.

Estableció que “mi intención no fue atender un caso particular como el de Villa de Pozos, es un tema que ya existe en otros lugares como el Estado de México, Coahuila y demás entidades, lo que hicimos fue empatarlo en San Luis Potosí para tener un ahorro significativo”.

La iniciativa de la legisladora Vargas Hernández que fue aprobada en el Pleno, establece que el Consejo General del CEEPAC, para la preparación del proceso electoral, se reunirá el dos de enero del año en que se celebren las elecciones estatales ordinarias. A partir de esa fecha y hasta la conclusión del proceso, el Consejo General sesionará por lo menos dos veces por mes.

Es una responsabilidad ineludible del Congreso del Estado generar las condiciones y mecanismos para que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, órgano garante de los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, máxima publicidad, objetividad y equidad en la preparación, desarrollo, calificación y vigilancia de los procesos electorales locales, lleve a cabo sus actividades optimizando tiempos y recursos, adaptando sus actividades al modelo de austeridad en el manejo en el uso de los recursos públicos, sin que ello afecte de ningún modo el proceso electoral.