El pleno del Congreso del Estado aprobó la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, propuesta por el diputado Edgardo Hernández Contreras, por el que se considera un incremento tabulador de las percepciones a los agentes fiscales, a los policías de investigación y a los peritos, de manera proporcional al grado de importancia, exposición al peligro y carga laboral.

Con esta modificación, se establece que en el anteproyecto de presupuesto de egresos, se considerará un incremento al tabulador de las percepciones a los agentes fiscales, a los policías de investigación y a los peritos, de manera proporcional al grado de importancia, exposición al peligro y carga laboral, en relación al demás personal, con base a lo que establece la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios; y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

En la exposición de motivos, se indica que las percepciones de los fiscales del Ministerio Público, los integrantes de la policía ministerial en sus diferentes categorías, y servicios periciales, no se han visto incrementados en la proporción a la delicada tareas que realizan, y aun mas, a la carga de trabajo, derivado en el aumento de los índices delictivos, que estamos viviendo de manera general, teniendo como referencia, a las percepciones de los demás trabajadores que realizan labores administrativas, en los que, en mucho casos, sus ingresos son casi similares; conminado con esto, tratar de bajar considerablemente el índice de corrupción que tanto flagela a la sociedad, motivando con esto a los servidores públicos, a que se comprometan con la institución que representan, elevando sus percepciones económicas, dignificando su laboral, al trabajo de la sociedad.

Señala que en el Plan Estatal de Desarrollo, el Ejecutivo del Estado planteó como estrategias para lograr una buena procuración de Justicia; reducir los tiempos de respuesta; trasparentar la resolución de las denuncias; fortalecer la coordinación entre el ministerio público y sus órganos auxiliares, como los servicios periciales y la policía ministerial del Estado; garantizar a la ciudadanía, una atención oportuna y de calidad; así como reforzar la cobertura de servicios de Procuración de Justicia.

Estas estrategias, se indica, que solo pueden ser llevadas a cabo, acompañadas de la implementación de medidas que garanticen un nivel decoroso de vida, para quienes realizan las actividades de procuración de justicia, pues un colaborador con vocación de servicio, además, bien pagado, acorde al nivel de peligrosidad, importancia y carga laboral siempre desempeñará su labor con honestidad y empeño, alejado de los actos de corrupción que tanto han dañado a los sistemas de justicia del Estado.

El Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “Plan de San Luis”