Con el objetivo de incorporar la figura del presupuesto participativo, el diputado Rubén Guajardo Barrera presentó una iniciativa de modificación a diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

De esta manera, se busca incluir el concepto de Presupuesto Participativo, entendido como el mecanismo de participación ciudadana de nivel municipal con el propósito de crear un canal transparente, público y abierto, en el cual la ciudadanía pueda manifestar de manera democrática a qué acciones públicas se le asignará una partida presupuestal.

Independientemente de las obras realizadas bajo esta modalidad, los resultados y propuestas arrojados por este ejercicio podrán ser considerados en los instrumentos de planeación municipal.

El legislador señala que esta propuesta busca utilizar el mecanismo ya existente en San Luis Potosí, de las Juntas de Participación Ciudadana, que incluso se encuentran regulados por una Ley propia, para que la ciudadanía decida sobre la aplicación de al menos 3% del presupuesto anual municipal, aplicable a obras públicas, para ello, el municipio dividirá su territorialidad en un número dado de Sectores, tomando en cuenta sus características socioeconómicas y sus características urbanas o rurales. En cada una de ellas, se instituirá un Consejo Sectorial, que estarían integrados por un representante del Ayuntamiento, quien lo presidirá, y por tres representantes de cada Junta de Participación.

Se indica que los ayuntamientos deberán asignar al menos 3% de su presupuesto anual, para ser ejecutado bajo la modalidad de presupuesto participativo; y en caso de que existan recursos remanentes tras la planeación de proyectos bajo esta modalidad, el Municipio podrá transferirlos a otros proyectos en otros Sectores, para ser operados en la misma modalidad, de acuerdo a la determinación del Cabildo, otorgando prioridad según las condiciones socioeconómicas de los Sectores.  Los recursos económicos bajo la modalidad de presupuesto participativo podrán ser aumentados por determinación de los municipios.

Para llevar a cabo el ejercicio del Presupuesto Participativo, el municipio dividirá su territorialidad en un número dado de Sectores, tomando en cuenta sus características socioeconómicas; en cada uno de los Sectores, se constituirá un Consejo Sectorial, y cada Sector recibirá al menos una obra bajo la modalidad de presupuesto participativo.

Para la integración de los Consejos Sectoriales se integrará un representante del Ayuntamiento, quien lo presidirá, cuyas ausencias se cubrirán por un suplente designado por el Ayuntamiento; y por dos representantes de cada Junta de Participación Ciudadana existente en el Sector con voz y voto. De entre ellos se escogerá a un secretario y a su suplente.

Las Juntas de Participación Ciudadana recibirán propuestas de proyectos de obra pública, para ejecutarse bajo la modalidad de presupuesto participativo, por parte de cualquier ciudadano que habite en su demarcación, mismas que se aprobarán o rechazarán por parte de las Juntas, mediante el mecanismo de acuerdo, en los términos de la Ley aplicable.

Los proyectos aprobados se presentarán ante los municipios para su dictaminación, dichas propuestas serán evaluadas con base en su factibilidad técnica, jurídica y presupuestal, al igual que en virtud del beneficio causado al Sector. Los proyectos dictaminados como factibles, se someterán a votación para escoger un proyecto ganador por cada Sector; el Municipio podrá dictaminar como factibles a un máximo de tres proyectos por Sector.

Señala que para esta iniciativa, en materia de impacto presupuestal, se consideran las condiciones de los municipios, y se reconoce la complejidad de la posibilidad de realizar los ajustes necesarios durante un ejercicio fiscal, ya en marcha, por lo que se propone que la reforma entre en vigor, al siguiente año de su aprobación, posibilitando el ajuste presupuestal desde la propuesta de las Leyes de Egresos municipales.

La iniciativa se turnó para su análisis a las comisiones de Régimen Interno y Asuntos Electorales; y Primera y Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal.