Los diputados integrantes de las comisiones de Hacienda del Estado y Desarrollo Económico del Congreso del Estado se reunieron con funcionarios del área jurídica del Gobierno del Estado y dirigentes de la Canacope y Canirac, para conocer a detalle los argumentos que llevaron al Poder Ejecutivo a vetar las reformas a la Ley de Bebidas Alcohólicas aprobadas a finales de junio.

El presidente de la Comisión de Hacienda, diputado Ricardo Villarreal Loo afirmó que se revisará el fundamento de la postura gubernamental, pero finalmente el Poder Legislativo tiene la facultad de presentar nuevamente un dictamen sin cambios, en caso de no encontrar sustento jurídico y social para el veto.

El consejero jurídico del Gobierno del Estado, Ramiro Robledo, el subsecretario de Derechos Humanos, Hugo Ulises Valencia y el subsecretario de Enlace Institucional, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, así como el presidente de Canacope, Armando Reyes Sías y el de Canirac, Juan Carlos Banda Calderón, estuvieron presentes.

Los argumentos del Poder Ejecutivo para vetar la ley en el tema de recorrer el horario de venta de bebidas alcohólicas en los pequeños comercios, fueron que “las personas que consumen alcohol entre las 22:00 y 00:00 horas, lo siguen haciendo en las horas subsecuentes”. Tampoco está de acuerdo en que desaparezca la graduación intermedia de bebidas y se divida en alta y baja, lo que permitiría que se vendieran vinos de mesa y cerveza artesanal, según la ley.

Los diputados José Antonio Zapata, Edgardo Hernández, Laura Patricia Silva Celis, Mauricio Ramírez, Marite Hernández, Consuelo Carmona, Mario Lárraga y el presidente de la Comisión, expusieron sus argumentos sobre la iniciativa y reconocieron la disposición del Poder Ejecutivo a que el tema se siga debatiendo y se tome la mejor determinación.

Los legisladores señalaron que las leyes no se pueden hacer en función de la estructura y capacidad de una dependencia como la Dirección de Gobernación, postura compartida por el consejero Ramiro Robledo quien dejó en claro que el Gobierno solo emite un punto de vista sobre la ley pero la decisión final es de los representantes populares.

Los representantes de las cámaras señalaron que su postura es contra del clandestinaje en la venta de alcohol, de la clausura total y no parcial de los negocios y del costo de las licencias de funcionamiento, que en 1993 estaba en 2,900 pesos y ahora rebasa los 23,000 pesos, situación que ha generado el cierre de negocios aunado a la inseguridad que se vive.

Posteriormente los integrantes de las comisiones unidas se volverán a reunir para tomar una decisión una vez que hayan analizado los argumentos jurídicos del Ejecutivo, que calificaron de endebles.