La aprobación de las reformas secundarias a la reforma educativa representa el abandono del papel del Estado en la rectoría de la educación, con lo cual, lo que viene es su deterioro, haciéndose evidente el compromiso a la promesa de Andrés Manuel López Obrador con la CNTE a cambio de su apoyo electoral.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI diputado Mauricio Ramírez Konishi aseguró que “una reforma en materia de educación, requería el consenso de las fuerzas políticas representadas en los parlamentos, era necesario escuchar con seriedad las posturas de la sociedad y de los actores en esa materia”.

Recordó que se modificó la Ley General de Educación, la Ley Reglamentaria sobre Mejora Continua y la Ley General del Sistema de Carrera.

En lo que se refiere a la Ley General de Educación, el principal cambio que contempla esta ley es la abrogación de la Ley de Infraestructura Física Educativa; desaparece el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed), encargada de administrar los recursos y lineamientos para la infraestructura y mantenimiento de los planteles; en uno de sus apartados precisa que los recursos que eran entregados al Inifed, ahora se harán llegar directamente a los comités de maestros y padres de familia en las escuelas. También indica que no se podrá condicionar la inscripción o el acceso a los planteles, la aplicación de evaluaciones o exámenes.

En lo que se refiere a  Ley Reglamentaria sobre Mejora Continua, el dictamen aprobado establece que el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación será un conjunto de actores, instituciones y procesos estructurados y coordinados; la ley aprobada contempla que las evaluaciones serán formativas e integrales; estas evaluaciones, indica el documento, no definirán la permanencia de maestros y maestras en sus plazas. Esta ley contempla la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) y la creación de un nuevo Sistema Nacional de Mejora Continua, coordinado por un organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.

La Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros establece los procesos para la admisión, promoción y reconocimiento del personal docente. La ley establece que las “representaciones sindicales” estarán incluidas para decidir la asignación de plazas, los ascensos e incluso los cambios de centros de trabajo de los empleados de la educación; esto como una “garantía en el respeto de los derechos de los trabajadores”. La ley indica que se dará preferencia a los egresados de las “escuelas normales”, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los Centros de Actualización del Magisterio para tener una plaza de docente en el Servicio Público Educativo.

En resumen, dijo Ramírez Konishi, esta reforma permite que ahora la educación vuelva a ser controlada por las dirigencias de los sindicatos y no por la rectoría del Estado, las cuotas de poder serán nuevamente la regla para el ascenso, el interés político electoral y la discrecionalidad es la directriz para tomar decisiones, recursos entregados en mano para construir escuelas, cero evaluación, mucha ideología, cero innovación y competitividad y muchos compadrazgos.