Propuesta de reestructura de deuda pública se turnó a comisiones
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El presidente de la Directiva del Congreso del Estado, diputado Martín Juárez Córdova informó que se turnó a las comisiones de Hacienda del Estado y Gobernación, la iniciativa con proyecto de Decreto por el cual se gestiona la autorización al Ejecutivo del Estado para reestructurar y/o refinanciar los principales créditos constitutivos de deuda para mejorar el perfil de vencimientos.
Afirmó que la medida que forma parte de las estrategias gubernamentales para hacer frente a las consecuencias económicas por la pandemia de COVID-19, tiene el propósito de liberar flujo que permita cubrir la inminente disminución de ingresos con que contará el Estado, así como para contar con recursos necesarios para enfrentar los gastos extraordinarios por la situación de todos conocida.
“Una vez que la propuesta se turnó a las comisiones, se podrán hacer las primeras revisiones para conocer el estado de la solicitud para reestructurar o financiar los principales créditos que se habrán de operar, se podrá discutir cómo se piensa liberar el flujo para la emergencia sanitaria”, apuntó.
Dijo el diputado Martín Juárez que “analizaremos como está el planteamiento para aplazar el pago de la deuda en un máximo de 18 años, habremos de revisar cómo se está diseñando el plazo de gracia y buscar las mejores condiciones de plazos e intereses y cómo se permite al gobierno disminuir el pago de servicio de deuda sin incrementar el monto, porque se tiene que discutir, valorar y tomar una determinación”.
La iniciativa plantea que la reestructura y/o refinanciamiento permita aplazar el pago de la deuda a un plazo máximo de 18 años, así como obtener un plazo de gracia y buscar las mejores condiciones del mercado en cuanto a tasas de interés y costos asociados. Ello permitirá que, en el corto y mediano plazo, se disminuya el pago del servicio de la deuda para la presente administración gubernamental y la 2021-2027, sin incrementar el saldo de la deuda bancaria actual.
La propuesta señala que “se logrará evitar el deterioro en la calificación crediticia del Estado, reduciendo el impacto de la disminución de los ingresos y el aumento por el natural crecimiento de las amortizaciones de los dos créditos más grandes del Estado”.