Con el fin de transformar el modelo actual de atención municipal en materia de salud mental, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira propuso reformar disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado y de la Ley de Salud Mental del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Con esta iniciativa, se busca pasar de un esquema predominantemente asistencial y psicológico, a uno integral que incorpore progresivamente la atención médica psiquiátrica.

Explica que en San Luis Potosí, la Ley de Salud Mental del Estado reconoce la obligación de brindar atención integral a las personas con padecimientos mentales, las capacidades institucionales de los municipios continúan siendo limitadas, pues en la mayoría de los casos la atención municipal se restringe a servicios psicológicos básicos, generalmente prestados por los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, sin contar con mecanismos permanentes para la atención médica psiquiátrica, el seguimiento farmacológico especializado ni la referencia oportuna de pacientes con trastornos mentales graves.

Por ello, la reforma plantea que los programas se dirijan a la población en general, reconociendo que la salud mental constituye un derecho universal y no exclusivamente una medida asistencial. Asimismo, incorpora expresamente la obligación de contar con profesionales especializados en psicología y de gestionar o integrar progresivamente atención médica psiquiátrica bajo la supervisión técnica de la Secretaría de Salud.

También, se incorpora la obligación específica para que los municipios celebren convenios con la Secretaría de Salud encaminados no solamente a la coordinación administrativa, sino también a la asignación y capacitación de personal especializado en psiquiatría, así como al suministro permanente de medicamentos psiquiátricos incluidos en el cuadro básico.

De igual manera, se establece la facultad y obligación de los ayuntamientos para promover, implementar y garantizar servicios integrales de prevención, atención médica psiquiátrica y acompañamiento psicológico, así como celebrar convenios con los Servicios de Salud del Estado y con la Federación para disponer de personal especializado, garantizar el suministro de medicamentos psiquiátricos y habilitar módulos o centros municipales de atención a la salud mental.

La iniciativa se turnó a las comisiones de Salud y Asistencia Social; y Régimen Interno y Asuntos Electorales para su análisis.