Los potosinos pagan las consecuencias de la falta de mantenimiento en el boulevard Rio Santiago cada que hay lluvias, porque los daños en sus vehículos por baches o porque se quedan varados los tienen que pagar de su bolsillo y son situaciones no presupuestadas, afirmó el diputado Manuel Barrera Guillén. Dijo que le molesta que las millonarias inversiones que se han hecho en ese boulevard no solucionen los problemas, como en el caso de las luminarias que costaron varios millones de pesos y que a los tres meses de instaladas ya no funcionaban, lo mismo que ocurrió con las de celda solar en el camino al aeropuerto. Manifestó que cualquier nueva inversión en el boulevard Rio Santiago requiere de seriedad, “necesitamos obras de calidad y si se pretende construir un colector o un dren, yo le pediría al presidente municipal de soledad que no reciba esa obra hasta que se garantice que no habrá afectaciones de ninguna índole”. El legislador Barrera Guillén expuso que el principal problema es que, cuando llueve como ha ocurrido en las últimas horas, “los baches se abren y al ser tapados por el agua, no se ven y los automovilistas caen en ellos o bien, van circulando y de pronto se inunda y quedan varados, con daños serios en sus unidades”. Propuso que se lleve a cabo una investigación a fondo sobre todos los recursos que se han aplicado en ese boulevard y que no han resuelto problemas, porque no es posible que se le siga invirtiendo cuando de antemano se sabe que las situaciones de conflicto van a seguir, ya que así ha sido siempre. Asimismo en la entrevista comentó que en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana se aplican sanciones a los partidos políticos solamente para que los consejeros puedan justificar su trabajo, “porque todas se las ganan en los tribunales, ya que no están bien sustentadas y lo que deberían vigilar, como los programas asistencialistas de algunos gobiernos, les pasa por alto”. También abordó el tema del trabajo realizado por la Auditoría Superior del Estado y señaló que se deben tomar acciones y presentar denuncias ante la Procuraduría de Justicia en los casos donde haya sustento jurídico de las irregularidades detectadas en los entes auditables, antes de que prescriban los delitos.