Los servidores públicos que pretendan buscar un cargo de elección popular o aquellos que estén interesados en la reelección, deberán de renunciar a sus responsabilidades dentro de la administración pública a fin de evitar que se pueda dañar la legitimidad de los procesos electorales con conductas inadecuadas.

Por lo anterior, la diputada Esther Angélica Martínez Cárdenas, presentó una iniciativa donde se busca establecer candados para evitar que los recursos públicos sean utilizados de manera personal y sobre todo para buscar ventajas ante el desarrollo de los procesos electorales próximos.

Destacó que los servidores públicos, sobre todo, los que ostentan un cargo de elección popular deben en todo momento observar el principio de imparcialidad en la aplicación de recursos y se deben evitar las conductas que puedan impactar en la equidad de la contienda durante el proceso electoral, conduciéndose con transparencia y con un profundo respeto y responsabilidad a su función de representación.

La legisladora Martínez Cárdenas, explicó que con esta reforma que se propone impedirá que se lleven a cabo acciones que puedan dañar la legitimidad de los procesos electorales con conductas inadecuadas como pudieran ser: Utilizar bajo cualquier forma dinero o bienes de la institución en provecho propio o de terceros, ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales, realizar, en el ejercicio del cargo, actividad política contingente, así como emplear con propósitos electorales recursos públicos sean bienes muebles o inmuebles, vehículos, medios de información y, en general, cualquier otro recurso destinado al cumplimiento de la función pública, ejercer la autoridad que ha conferido la ley o los bienes de la Institución para fines electorales entre otros.

Por otro lado, señaló que la presente iniciativa propone salvaguardar la autonomía de los partidos políticos, además de que en los procesos electorales municipales que se rigen por el principio de mayoría relativa, los partidos políticos promuevan en términos de equidad que se postule una porción paritaria de candidatos de ambos géneros, exceptuando, el caso de que las candidaturas de mayoría relativa sean resultado de un proceso de elección interna de democracia directa.