Ante el reciente asesinato de la activista Miriam Rodríguez Martínez en el vecino estado de Tamaulipas, se debe de prender una alerta precautoria en el estado de San Luis Potosí, para evitar que se puedan repetir agresiones de esa naturaleza.

Así lo consideró el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Reinserción Social del Congreso del Estado diputado Manuel Barrera Guillén, quien mencionó que San Luis Potosí es un estado que ha sufrido de secuestros y desapariciones forzadas, por lo que el Gobierno del Estado debe de brindar protección y atención a las familias de desaparecidos.

"Apenas días pasados dimos cuenta de las manifestaciones públicas que han hecho a las familias de desaparecidos aquí en San Luis Potosí, mientras el Centro de Atención a Víctimas pareciera ausente".

El diputado Barrera Guillén mencionó que ha estado reuniéndose con familias de desaparecidos, mismas que han señalado que carecen de apoyo por parte de la institución de atención a víctimas.

Destacó que a esa institución se le aumentó el presupuesto de 9 millones a 33 millones de pesos anuales, por lo que es imposible que cuando citen a familias, recluyan a seis personas en un mismo cuarto de hotel.

Mencionó que es necesario apoyar con más recursos a la Fiscalía Especializada para la Atención de Víctimas de Desaparecidos recientemente creada en la Procuraduría General de Justicia.

Manifestó que es necesario poner mucha atención en este tema, tomando en cuenta lo ocurrido en el estado de Tamaulipas con el asesinato de la activista social y no esperar hasta que ocurran las tragedias para tomar medidas.

El legislador señaló que la comisión que preside seguirá señalando las inconsistencias en el trabajo de las instituciones relacionadas con el tema, porque se les ha dotado del presupuesto suficiente para que entreguen resultados a la ciudadanía.