Para analizar y discutir la iniciativa de nueva Ley de Salud Mental para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, los diputados de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado realizaron una mesa de trabajo en la que participaron distintas autoridades.

En este primer análisis estuvieron presentes los directivos de la Clínica Psiquiátrica “Dr. Everardo Neumann Peña”; del Instituto Temazcalli, la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y de la Secretaría de Salud, quienes presentaron sus opiniones sobre esta nueva legislación, que tiene como objetivo el regular las bases y modalidades, para garantizar el acceso a los servicios de salud mental del estado, con un enfoque de derechos humanos e incorporando la perspectiva de género.

La diputada Guillermina Morquecho Pazzi, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social y promovente de esta iniciativa, señaló que esta nueva legislación establece los mecanismos adecuados para la promoción, prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y fomento de la salud mental en instituciones de salud pública, así como de los sectores social y privado, que coadyuven en la prestación de servicios de salud; y, además, define los lineamientos para promover la participación de la población en el desarrollo de los programas de salud mental.

“Esta mesa de trabajo nos permite enriquecer esta iniciativa de ley que una servidora está proponiendo y la dinámica que hemos implementado en la comisión es precisamente eso, abrir a la ciudadanía, a quienes la van a aplicar con la intención que se enriquezca y que esta nueva ley que va a tener el estado realmente sea funcional y sobre todo se busca la protección de las personas que tienen algún problema de salud mental y las personas fármaco dependientes”

Explicó que la nueva legislación incluye los aspectos para el respeto a los derechos de las personas con padecimiento mental, así como su manejo y atención por parte de las instituciones de salud y el internamiento, el cual debe ser considerado como un recurso terapéutico de carácter restrictivo, voluntario y que sólo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios que el resto de las intervenciones realizables en un entorno familiar, comunitario o social.

Además, se contempla la creación del Comité Defensa de los Derechos de los usuarios de los servicios de salud mental, dependiente de la Secretaría de Salud, el cual tendrá entre sus funciones evaluar las condiciones en que se realizan los tratamientos; y, supervisar las condiciones de internación por razones de salud mental, en el ámbito público y privado.

“Aquí hoy recibimos estas aportaciones, el próximo 21 de febrero es la siguiente mesa de trabajo, en donde ya entra el Poder Judicial y el DIF Estatal y vamos a implementar que entre la Secretaría de Educación por el tema de los pequeños que tengan alguna problemática”, indicó.