Domingo 10 de Noviembre 2024 San Luis Potosi, Hora Local 00:19,

LXIV LEGISLATURA


H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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Transporte público debe garantizar seguridad a usuarios

El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, diputado Sergio Desfassiux Cabello, presentó la iniciativa de reforma a la Ley del Transporte Público en el Estado de San Luis Potosí, para obligar a los permisionarios del transporte urbano a contratar a un elemento de seguridad privada para inhibir los robos y asaltos en los camiones urbanos.

 

El diputado Sergio Desfassiux, puntualizó “hoy son empresas las que manejan el transporte público en San Luis Potosí, por lo tanto, están obligadas a garantizar la seguridad de los usuarios e invertir un porcentaje del boleto que pagan los usuarios para mejorar los mecanismos que permitan disminuir los índices delictivos”.

 

“Han sido recurrentes las denuncias de líderes del transporte urbano de que han aumentado los índices de robos y asaltos, por lo tanto, ellos como empresa están obligados a mejorar los sistemas de seguridad”, puntualizó.

 

Enfatizó que “la contratación de elementos de seguridad privada no tendría que ser un pretexto para que soliciten un incremento a las tarifas del transporte, los permisionarios tendrían que cubrirlo con el último incremento que se les autorizo”.

 

Explicó que la iniciativa contempla que se contrate a elementos de seguridad privada, que se encuentren debidamente capacitados para hacer frente a una emergencia para que viajen en las unidades del transporte urbano.

 

El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, diputado Sergio Desfassiux Cabello, agregó que una medida que podría disminuir los costos para mejorar la seguridad dentro del transporte urbano, es unificar los dos servicios de prepago que operan actualmente en San Luis Potosí.

 

La iniciativa presentada para reformar la Ley del Transporte Público en el Estado de San Luis Potosí, fue turnada por el pleno del Congreso del Estado a comisiones para su análisis y posible aprobación.